ANPE EXIGE A LAS DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN QUE APLIQUE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE COMPATIBILIDAD DOCENTE
El presidente autonómico de ANPE Ceuta, ha remitido una carta formal al Director Provincial de Educación de Ceuta y a la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, para solicitar que se adapten de inmediato las instrucciones de compatibilidad a la reciente y clara jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Hasta la fecha, las distintas Administraciones públicas venían aplicando de forma restrictiva el límite del 30% del complemento específico fijado por la Ley 53/1984 de incompatibilidades. Esta interpretación errónea provocaba que a muchos docentes se les denegara la compatibilidad para ejercer una segunda actividad privada o se les obligara a sufrir una injusta pérdida salarial en su nómina.
Sin embargo, el escenario jurídico ha cambiado de manera radical. La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1022/2024, de 10 de junio, ha corregido de forma taxativa este criterio. El Alto Tribunal dictamina que el límite del 30% no debe aplicarse sobre la totalidad de los conceptos que formalmente se denominan complemento específico. Por el contrario, establece que se deben excluir de este cómputo las cuantías de carácter general y uniforme que percibe todo el colectivo por el mero hecho de pertenecer a su cuerpo docente, debiendo calcularse dicho techo exclusivamente sobre los componentes singulares ligados al desempeño de puestos concretos o de especial responsabilidad.
En el caso del personal docente no universitario, esto significa que el complemento específico general y el complemento específico de Ceuta no pueden ser utilizados como excusa para recortar las retribuciones de quienes solicitan la compatibilidad o para no otorgársela.
Desde ANPE exigimos que la Dirección Provincial y la Oficina de Conflictos de Intereses actúen con responsabilidad y celeridad para adecuar sus actos administrativos a la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. Es una cuestión de justicia salarial y de seguridad jurídica para los empleados públicos. Esperamos que los responsables educativos atiendan de forma positiva, esta reclamación formal y dicten las instrucciones necesarias para que el reconocimiento de la compatibilidad con actividades privadas no vuelva a suponer un castigo económico para los docentes que cumplen rigurosamente con sus obligaciones horarias y de dedicación pública. No podemos olvidar que este régimen de incompatibilidades no se les aplica al profesorado de la enseñanza concertada, cuyas nóminas son abonadas también por la Dirección Provincial.
Por otro lado, este cambio de criterio que permitirá compatibilizar el trabajo docente con el desempeño de una actividad privada, será muy positivo para el sistema educativo público, fundamentalmente en la Formación Profesional y en las distintas Enseñanzas Artísticas y Deportivas.
Pedro Domínguez Allegue
Presidente de ANPE Ceuta
