- El Consejo de Ministros ha publicado el Real Decreto que regula la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional, con titulación de grado universitario o equivalente a efectos de docencia, en el cuerpo de enseñanza secundaria.
- Esta medida, con carácter retroactivo desde enero de 2021, supone la mejora de las condiciones laborales y salariales para aquellos profesores que se integren en el subgrupo funcionarial A1.
- El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha consultado el texto con las comunidades autónomas, interlocutores sociales y con el Consejo Escolar del Estado, entre otros.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha aprobado este martes y publicado hoy, el Real Decreto que regula la integración del profesorado técnico de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. El Gobierno atiende así a una demanda histórica que servirá para mejorar las condiciones laborales de los docentes beneficiados al pasar el subgrupo funcionarial A2, al A1.
El texto aprobado hoy completa el proceso iniciado con la Ley de Educación (Ley Orgánica 3/2020) que declara la extinción del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional para integrarlo en el de Secundaria, siempre que se esté en posesión de una titulación de grado universitario o equivalente a efectos de docencia.
A partir de ahora, serán las administraciones autonómicas competentes las encargadas de abrir una convocatoria pública para que estos profesores puedan solicitar su integración al cuerpo de secundaria. Esta tendrá efectos en sus condiciones laborales con carácter retroactivo desde el 19 de enero de 2021, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Educación. Para el personal funcionario que cumpla las condiciones establecidas con posterioridad, se retrotraerán al momento en que se dieran esos requisitos.
El Real Decreto también incluye la posibilidad de solicitar la integración tras el cierre de esta convocatoria. La demanda del reconocimiento de este derecho se podrá realizar hasta el 19 de enero de 2026, dejando así un plazo de tiempo para que aquellos docentes que carecen a día de hoy de la titulación necesaria, puedan conseguirla.
Durante su elaboración han sido consultadas las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Educación, y los interlocutores sociales. Además, han emitido sendos informes el Ministerio de Política Territorial y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, así como la Comisión Superior de Personal. El texto ha sido dictaminado por el Consejo Escolar del Estado y por el Consejo de Estado.
